En los estertores de la dictadura franquista, en noviembre de 1975, Hassan II promovió la Marcha verde sobre la colonia española del Sáhara español, lo que finalmente dio lugar a su ocupación hasta el día de hoy. La entrada masiva de personas, siendo la mayoría marroquíes, los últimos días de julio de 2026 en la ciudad autónoma de Ceuta supone también la instrumentalización de civiles con el objeto de alcanzar fines políticos. Esta instrumentalización no es nueva y, aunque no cuenta, como sí fue en 1975, con una convocatoria formal organizada, sí que presenta similitudes que hay que valorar, ya que, en ambos casos, el desplazamiento de población hacia un territorio bajo soberanía o administración española aparece vinculado a una estrategia clara de presión sobre Madrid y a la conversión de la frontera en un factor de coerción.
El sustrato ideológico de estas conductas lo constituye la teoría del Gran Marruecos, doctrina nacionalista que parte de la idea de que las fronteras actuales del reino alauí son fruto del colonialismo europeo y deben ser rediseñadas de manera que se amplíe el territorio nacional. Esta doctrina predica la anexión del Sáhara Occidental, de la totalidad de Mauritania, de partes de Argelia, incluyendo el área de Tinduf, de Malí y, también de Ceuta y Melilla. Si bien es cierto que Marruecos ha reconocido en buena parte sus fronteras con Mauritania y Argelia, la cuestión no es pacífica en relación con el Sáhara Occidental ni con Ceuta y Melilla.
Como es sabido, el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, a pesar de que tanto la Corte Internacional de Justicia como Naciones Unidas lo consideran como un territorio pendiente de descolonización. De hecho, desde el Derecho Internacional no cabe duda acerca de la ilicitud de la ocupación marroquí y de que el pueblo saharaui tiene derecho a ejercer la libre determinación.
Frente a esta postura, el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental parte del establecimiento de un régimen de autonomía, lo que ha recibido el apoyo de otros Estados, como Estados Unidos y, sorprendentemente, de España, que sigue manteniendo su estatus de potencia administradora de iure.
Finalmente, es preciso aludir a la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, si bien avaló la posibilidad de que las partes tomaran como base de negociación la propuesta de Marruecos, afirmó que la solución final debía garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui.
Por todo ello, hay que recordar que cualquier acuerdo debe contar con la voluntad libremente expresada de la población saharaui, sin que el reconocimiento de terceros Estados ni la toma en consideración de la propuesta alauí pueda sustituir el cumplimiento de las obligaciones internacionales existentes para las partes implicadas.
Ceuta y Melilla, por su parte, así como las demás posesiones españolas en el norte de África, forman parte del territorio español, lo que Marruecos rechaza y que lleva a que las califique de vestigios coloniales. Ahora bien, ni Ceuta ni Melilla han sido nunca territorios marroquíes y son españolas siglos antes del Protectorado sobre Marruecos, desde el siglo XVII en el caso de Ceuta y desde el siglo XV en el caso de Melilla. Este estatus ha sido progresivamente reconocido desde el siglo XVIII por el sultanato de Marruecos en diferentes convenios históricos. Asimismo, España ha mantenido un ejercicio efectivo y continuado de su soberanía y la Constitución reconoce que son parte del territorio nacional. Es más, desde el punto de vista del Derecho Internacional, no son considerados como territorios pendientes de descolonización por Naciones Unidas, a pesar de los intentos de Marruecos por que lo fueran.
En este sentido, el ataque híbrido perpetrado por Marruecos sí que supone una violación de la integridad territorial de España, como ha señalado el presidente Sánchez, ante la cual se precisa del apoyo de la Unión Europea y de sus Estados miembros, apoyo que ya recibió Polonia cuando en 2021 recibió un ataque híbrido similar procedente de Bielorrusia.
Por otro lado, no parece que, dada la gravedad de estos hechos y su repercusión, hayan sido decididos o, al menos tolerados, por Marruecos en solitario. El país magrebí es un aliado clave de Israel y de Estados Unidos. No hay que olvidar que Marruecos se incorporó a los acuerdos Abraham en 2020, inmediatamente tras lo cual Estados Unidos procedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Por todo ello, Marruecos no es un vecino fácil ni fiable. La normalización de las relaciones con Argelia o la tramitación de la proposición de ley sobre la concesión de la nacionalidad española a las y los saharauis bajo administración española, son factores que no gustan al rey de Marruecos, pero que no pueden bajo ningún concepto justificar una medida de presión y de desestabilización como la desarrollada estos días. España debe mantenerse firme y, llegado el caso, reconsiderar su postura sobre el Sáhara Occidental para que también sea acorde con el Derecho Internacional.